A 12 años de los asesinatos de Kosteki y Santillán

26.06.2014 08:21

En la jornada de ayer, el Frente Popular Darío Santillán renovó su pedido para que "se investigue a Eduardo Duhalde, a Felipe Solá y a todos los responsables políticos del asesinato" de los militantes piqueteros que hace más de una década fueron ejecutados a sangre fría.

A través de un comunicado, la agrupación volvió a acusar al juez federal Ariel Lijo de ser uno de los responsables de que "la causa haya sido archivada".

"Seguimos en las calles denunciando y en busca de Justicia, en un contexto donde el poder político continúa impune, amparado por acuerdos oscuros y complicidades perversas", sostuvo el Frente Popular.

Santillán, de 21 años, y Kosteki, de 24, fueron asesinados a balazos el 26 de junio de 2002 durante una represión encabezada por efectivos de la Policía Bonaerense, cuando los dirigentes cortaban el tránsito hacia el puente Pueyrredón en reclamo de planes sociales.

Los homicidios de los dos jóvenes piqueteros provocaron una conmoción social que obligó al entonces presidente Duhalde a adelantar las elecciones generales.

Por los crímenes, el 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 condenó a prisión perpetua al ex comisario inspector Alfredo Fanchiotti y al ex cabo primero Alejandro Acosta. También dictó penas de cuatro años de prisión efectiva a otros tres efectivos de la Bonaerense, Félix Vega, Carlos Quevedo y Héctor De la Fuente, por el delito de encubrimiento agravado.

El ex policía Gastón Sierra recibió tres años por el mismo delito, mientras que el también ex efectivo Lorenzo Colman fue condenado a dos años de prisión y el ex policía Celestino Robledo recibió una condena de diez meses al ser encontrado culpable de usurpación de títulos y honores.

Sin embargo, Alberto Santillán -padre de Darío- pide más de la Justicia: "Acosta recibió condena perpetua pero a los diez años del hecho le dieron el beneficio de estar en un régimen semiabierto y yo creo que es otra buirla, porque los asesinos tendrían que estar con la población carcelaria común