Capilla del Rosario
“La Obra”, Asociación de Ex Presos Políticos, Familiares y Amigos de Detenidos-Desaparecidos, en ejercicio de la memoria a cuarenta años del hecho, recuerda que “la llamada “Masacre de la Capilla del Rosario” fue una ejecución contra gente desarmada, que fue ordenada por el segundo jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, general Antonio Vaquero. Las autopsias y testimonios acreditan que 14 guerrilleros fueron acorralados y asesinados salvajemente, luego de rendirse ante la superioridad numérica de de las fuerzas policiales y militares”.
En un documento dado a conocer a la prensa, la asociación civil de defensa de los derechos humanos recuerda que “el Tribunal del Juzgado Oral Federal, integrado por Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla, mediante sentencia del 8 de octubre de 2.013 condenó a prisión perpetua por el fusilamiento del 12 de agosto de 1974 de 14 integrantes del PRT-ERP, a Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta, por los delitos de “homicidio calificado, agravado por alevosía y por el concurso de dos o más personas en 14 hechos”.
En el texto difundido a través de los medios de comunicación, la organización no gubernamental reseña pormenores del intento de copamiento, los fusilamientos, las denuncias y la investigación que se llevó a cabo en los estrados de la Justicia Federal.
“En rigor, lo de los fusilamientos y las torturas a los detenidos forma parte de una denuncia presentada a la Justicia Federal en agosto de 1974 por los familiares y los abogados Mario Marca, Ricardo Rípodas, Mario Marcolli, Mardonio Díaz Martínez, Silvio Frondizi y Alfredo Curuchet. La denuncia fue archivada en el contexto de la represión en el inicio del terrorismo de Estado, pero sí fueron juzgados y condenados por el fuero federal trece guerrilleros capturados en las inmediaciones de Capilla del Rosario, en un proceso judicial que como todos los llevados a cabo durante la dictadura militar vulneró el derecho de defensa en juicio.
Recién en diciembre de 2004, con la denuncia de Mirta de Clérici, Ana Radusky y Jorge Alberto Perea en representación de los organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba, con el patrocinio de los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda (militantes de HIJOS y actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación) y Guillermo Díaz Martínez (por ese año a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados catamarqueño e hijo de Mardonio), comenzó a instruirse en el Juzgado Federal de Catamarca la causa para determinar las circunstancias y autores de la llamada "Masacre de Capilla del Rosario" y para identificar los cuerpos que fueron sepultados en 1974 como NN en el cementerio municipal.
La reactivación de la causa no hizo más que corroborar las denuncias. Las heridas que presentaban los guerrilleros fallecidos denotaban que habían sido masacrados. Por otra parte, el ex conscripto Fernando Gambarella claramente expuso en el juicio que los guerrilleros fueron acribillados a balazos luego de rendirse, cuando no tenían posibilidad alguna de defensa.
Los ex militares Mario Nakagama y Eduardo Carrizo Salvadores, fueron sindicados por varios testigos como las autoridades militares que impartieron las órdenes directas de disparar sobre los guerrilleros rendidos, en el mismo teatro de los acontecimientos.
Los delitos fueron considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles para la ley penal.”