Condenaron a 7, 4 y 3 años de prisión a miembros de una “narcofamilia”.
En un debate que se desarrolló de manera abreviada, el Tribunal Federal condenó a Norma Olima (madre) a siete años de prisión; a Gabriela Fernández (hija) a cuatro y a Ricardo Fernández (hijo) a tres años de prisión efectiva, pero con la salvedad de que la hija podrá gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, ya que sería la encargada de cuidar a sus cinco hermanos menores de edad.
Entre junio de 2012 y marzo de 2013 hubo tres allanamientos en el domicilio de esta familia y en los tres casos encontraron drogas que tenían para la comercialización, hechos que permitieron al fiscal federal Santos Reynoso sustanciar el expediente de la causa.
El debate se realizó de manera abreviada, ya que los sindicados decidieron confesar los tres hechos por los que estaban imputados. Por lo tanto, el tribunal presidido por Juan Carlos Reynaga declaró culpable a Olima por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por valerse de menores de edad, en forma reiterada.
Por su parte, a Gabriela Fernández la encontraron culpable de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y a Ricardo Fernández le aplicaron el mínimo de la pena por el mismo delito que su hermana, ya que el joven, al momento de los hechos, aún no había alcanzado la mayoría de edad.
El monto de la pena concordó con lo solicitado por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien pidió prisión efectiva para los tres, entendiendo que los atenuantes de la confesión de los imputados no los eximía de la conciencia de la criminalidad de sus actos, puesto que el mismo domicilio había sido allanado en tres oportunidades y aún así continuaron comercializando la droga.
En cambio, la defensa, ejercida por los letrados Víctor García, Orlando Barrientos y Hugo Vizoso, mantuvo que las condiciones se dieron en un estado de vulnerabilidad de la familia (ver aparte).
“Estado de vulnerabilidad”
En el marco del debate en el que se condenó a los tres miembros de una “narcofamilia”, quienes confesaron los hechos, las declaraciones de Norma Olima fueron de vital importancia para acelerar los tiempos del proceso.
Al momento de tomarle testimonio, Olima aseguró que “vendía drogas” para poder darles de comer a sus siete hijos menores de edad, ya que su marido falleció el 31 de diciembre de 2011 y sería él el iniciador del negocio familiar.
Los abogados defensores se valieron de esta situación de “vulnerabilidad” para argumentar los motivos que llevaron a la joven madre a la comercialización de estupefacientes, ya que no tenía ningún tipo de ingreso y desconocía que podía realizar los trámites para obtener una pensión por sus siete hijos.
Antes de dedicarse a la “venta de drogas”, manifestó que su familia también vivía del negocio de objetos que rescataban de los basurales y restauraban para poder subsistir.
Cabe mencionar que durante uno de los allanamientos realizados por personal de la división Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia, los hijos de la mujer eran menores de edad.
En este sentido, se solicitó que se reduzca la pena del joven Fernández. Los abogados defensores del mismo argumentaron que no era consciente de la criminalidad de sus actos.
Por otro lado, para Gabriela Fernández (hija de Olima) se solicitó prisión domiciliaria, ya que con su madre y su hermano en prisión, sería la encargada de criar a sus hermanos menores de edad. Es por ello que deberá cumplir su condena en dicha modalidad.