La firma de Juan Patricio Murray fue una de las que aparecieron en la primera solicitada de la agrupación kirchnerista "Justicia Legítima", que comanda la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Hoy la funcionaria lo nombró coordinador de la Unidad Fiscal AMIA que encabezó hasta su muerte Alberto Nisman.
Cercano al Movimiento Evita, en su muro de Facebook se podía ver hace un tiempo que clickeó "Me gusta" en las cuentas de Cristina Kirchner, Alicia Kirchner, Putos Peronista, Daniel Filmus, Aníbal Fernández, Martín Sabbatella, La Cámpora y Unidos y Organizados, entre otros. Hoy todavía sigue reconociendo que le gusta el programa "678".
Fue fiscal federal subrogante en San Nicolás, donde tuvo dos causas trascendentes: la investigación por la misteriosa muerte de Carlos Menem Jr. y otra contra el ex comisario Luis Patti.
Desde allí, en noviembre de 2012 Gils Carbó lo llevó a Rosario. Las malas lenguas del mundillo judicial aseguran que el traslado tuvo como objetivo ligar a Hermes Binner y la gestión socialista con el narcotráfico.
En efecto, reflotó una investigación contra el jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, e impulsó su procesamiento con prisión preventiva. También persiguió la banda narcocriminal que comandaba David Delfín Zacarías. Y participó en causas por violaciones a los derechos humanos.
Rosarino y egresado de la Universidad Nacional de Rosario, a fines de 2013 dejó su cargo para cumplir funciones en la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar) que tiene sede en Buenos Aires, más cerca de Gils Carbó.
El resto del equipo
El trabajo de Murray será coordinar las tareas de otros tres fiscales que integran la unidad especial del Ministerio Público que el ex presidente Néstor Kirchner creó en 2004: son Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini.
Según supo Infobae, cada uno de ellos estará a cargo de algún aspecto de la investigación. Por ejemplo, Namer encabezará las pesquisas sobre las irregularidades en la causa, que este año llegará a juicio oral y que tiene como principal imputado al ex jefe de Estado Carlos Menem.
A diferencia de Murray, Namer no tiene una relación muy estrecha con la tropa kirchnerista del Poder Judicial. Hasta hoy se desempeñaba como fiscal ante los tribunales orales federales en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante su carrera como fiscal, tuvo varias causas de corrupción, como los expedientes contra la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alzogaray, las coimas en el Senado –donde pidió 6 años de prisión para el ex presidente Fernando de la Rúa– y el caso "IBM-Banco Nación".
Según detalló Gils Carbó, tiene una larga trayectoria académica. Además, Entre 2004 y 2005 fue coordinadora de Investigaciones y Fraudes contra el Estado en la Oficina Anticorrupción.
Con tan sólo 33 años, el más joven de los fiscales que integrarán la Unidad AMIA será Sabadini, hasta hoy fiscal federal de Chaco, quien también impulsó las investigaciones por los crímenes del último gobierno militar. Está alineado con las ideas de Gils Carbó y, al igual que Murray, firmó la primera solicitada de Justicia Legítima.
Tiene un amplio currículum vitae, que incluye títulos de posgrado dentro y fuera del país. Hace unos años publicó un libro que recopila artículos de juristas de renombre internacional y que tiene como protagonista al ex ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni.
Uno de los casos más importantes que tuvo a cargo, de acuerdo a Gils Carbó, fue la investigación contra el ex concejal formoseño Héctor Palma Agüero, en cuyo campo hallaron más de 700 kilos de cocaína.
Por último, Roberto Salum es fiscal federal de Reconquista, Santa Fe, donde intervino en diversas denuncias por delitos de lesa humanidad, como la llamada causa "Base aérea". También logró la primera condena en esa provincia por apropiación de bebés durante la última dictadura militar. Además, Gils Carbó precisó que gracias a una de sus investigaciones cayó la mayor cocina de cocaína de la zona.
A mediados de 2013 Salum fue escrachado por un grupo de familiares de cuatro policías acusados de torturar a un grupo de detenidos por narcotráfico. Los manifestantes aseguraron que tenían una grabación de 2008 en la que un grupo de narcos decía que tenía que "quedar dinero para el fiscal". Sin embargo, en esa fecha Salum trabajaba como abogado.
