Duro cuestionamiento al presupuesto municipal
En nuestro carácter de empleados de los Juzgados de Faltas N° 1 y N° 2 de la Municipalidad de Valle Viejo, nos dirigimos a Uds. a los fines de solicitarles tengan a bien publicar en ese diario digital la presente misiva, dirigida a hacer saber a la opinión publica en general y muy especialmente al pueblo de nuestro querido Valle Viejo sobre los fundamentos de nuestro reclamos respecto al Proyecto de Presupuesto General 2014 por la suma de Pesos doscientos millones ciento cincuenta y tres mil ciento cuarenta y siete ($ 200.153.147,00.-) elaborado por el Departamento Ejecutivo municipal a cargo de la Intendenta Natalia Andrea Soria y remitido al Concejo Deliberante para su aprobación a través del trámite de “urgente tratamiento” previsto en el art. 56 de nuestra Carta Orgánica Municipal conforme al cual, si no es rechazado expresamente por el Cuerpo Legislativo luego de transcurrido 60 días corridos desde su envío el 7/03/14 la Intendente lo promulga por sí como Ordenanza declarando su vigencia, aún cuando los Concejales no lo hubieran tratado en sesión por las medidas de fuerza de sus empleados y/o por otras causas. Nuestro reclamo tiene por principal finalidad defender la “Autonomía Funcional” con que nuestra Carta Orgánica en sus arts. 81,82,83 ha dotado a los Juzgados de Faltas de modo tal que constituyen órganos que ejercen función jurisdiccional de índole administrativa independiente de los departamentos ejecutivo y deliberativo. De modo que la Justicia Municipal de Faltas tiene su origen en la propia Carta Orgánica sancionada en el año 1995, habiendo sido reglamentada su organización y puesta en funcionamiento por Ordenanza N° 990 sancionada en el año 2010 por el propio Concejo Deliberante que en Sesión Ordinaria N° 31del día 26/11/2010 prestó por “unanimidad” su acuerdo para que la Dra. Mariela Musri se desempeñe como Juez de Faltas por sus antecedentes profesionales y académicos.
Pese a su “Autonomía Funcional”, la Intendenta Natalia Soria ha tratado constantemente de impedir el funcionamiento de la Justicia de Faltas en Valle Viejo. Apenas asumida en su mandato en Diciembre de 2011 envió a su entonces Fiscal municipal con personal policial a retirar compulsivamente y sin previo aviso el mobiliario de los Juzgados, dejando expedientes y documentación tirados en el piso. Seguidamente suspendió el pago de adicionales a los Jefes de Departamento de ambos Juzgados, llegando a removerlos de sus cargos sin causa justificada y por un acto administrativo sugestivamente fechado el día 13/12/11 pero recién notificado el 18/09/12, arbitrariedades todas éstas que se encuentran judicializadas por ante la Corte de Justicia.
También con el argumento de que el Parador Municipal “pertenece al ejecutivo municipal”, la Intendenta Natalia Soria intentó desalojar al Juzgado de Faltas N° 1 de la planta baja de dicho edificio. También la Intendenta se resiste hasta el presente en reparar el techo de la oficina del Juzgado de Faltas N° 2 que amenaza ruina, pese a las reiteradas notas remitidas al efecto.
Otra de las maniobras de la Intendenta Natalia Soria en contra de la Justicia de Faltas es el haber desechado el cálculo de gastos que el día 7/10/13 le enviara la Juez de faltas para su incorporación al proyecto de presupuesto general 2014, sustituyéndolo por un presupuesto por un monto sumamente inferior con el que persigue la reducción de los 26 empleados actuales (13 por cada juzgado de faltas) a un total de 10 empleados, con supresión inclusive de las dos Secretarias Letradas. Ello evidencia la clara intención de Natalia Soria de desarticular la Justicia de Faltas, ya que la reducción de personal no tan solo entorpecerá la prestación del servicio de justicia sino que con ello busca principalmente privar a la Juez de Faltas de recurso humano idóneo junto al cual detectó la liberación masiva sin autorización de vehículos demorados en el corralón municipal, cobro de coimas, adulteración de firma de infractores, destrucción, sustracción y adulteración de Actas de Comprobación de infracciones de tránsito por parte de empleados y funcionarios del Ejecutivo municipal y que se encuentra denunciado ante al Fiscalia de Delitos contra la Administración Publica y Delitos de Investigaciones Especiales (Expte. M N° 77/13) y a la Fiscalia Municipal. Pese a ello Natalia Soria solo removió del área de transito a los supuestos autores de los ilícitos, para designarlos inmediatamente como funcionarios en otras áreas de su gobierno. Nuestro reclamo no se limita a la defensa de ser mantenidos en nuestro puestos de trabajo y en evitar “despidos indirectos” o “traslados castigo” por haber colaborado en desentramar la red de corrupción acontecida en el seno del Ejecutivo municipal, sino que además procuramos defender el patrimonio de todos los chacareros ante un proyecto de presupuesto nefasto, con el que se pretende justificar gastos excesivos que se vienen realizando por fuera del presupuesto trasladando la responsabilidad civil, administrativa y penal a los Concejales que por acción u omisión lo aprueben, sino con el que además se busca endeudar a la Comuna sin que existan recursos suficientes para su amortización. De acuerdo al proyecto de la Intendenta, mientras que por un lado pretende reducir al personal de la Justicia de Faltas, por el otro busca designar mas de 500 nuevos empleados, debiendo acotarse al respecto que con ello persigue regularizar los centenares de nombramientos que ya efectuó excediendo el limite establecido en el presupuesto 2011 vigente, lo que merece el contralor y juzgamiento del tribunal de cuentas de la Provincia. Mas aun ante la importante cantidad de sueldos diferenciados que implica el haber triplicado la planta de funcionarios hasta el punto de que dos o mas personas cumplen la misma función.
El proyecto de la Intendenta incluye también cuestiones extrapresupuestarias que legalmente requieren tratamiento por una Ordenanza especifica, tal es el caso del préstamo por la suma aproximada de $ 83.000,000 que pretende obtener sin detallar su destino, los recursos destinados a su amortización, condiciones de otorgamiento, etc. También se busca burlar el régimen de contrataciones que se encuentra regulado por la Ordenanza especifica N° 962, de forma tal que obras que por su monto superior a los $ 350.000 requieren del procedimiento de licitación pública para su ejecución, puedan hacerse por contratación directa cuyo actual tope es de $ 50.000, es decir, que la intendenta Soria pueda directamente adjudicar obras a la empresa constructora que ella quiera sin el obstáculo del procedimiento publico de selección por licitación. Tampoco la Intendenta Natalia Soria ha remitido junto con su proyecto de presupuesto el plan anual de obras publicas, no tan solo para evitar que los Concejales conozcan el detalle técnico de las supuestas obras y así determinar la procedencia del gasto por ella proyectado, sino que también por el hecho de que presupuesta dos veces la misma obra y hasta llegan incluso a presupuestarse obras que ya fueron ejecutadas en ejercicios fiscales anteriores como es el caso de la construcción y cerramiento del playón deportivo de las 60 Viviendas en Santa Rosa.
Y como forma de asegurarse la suma del poder publico e impedir el control del Concejo Deliberante, la Intendenta pretende en su proyecto reservarse para si la facultad legislativa de modificar el presupuesto general a su antojo, cuando de acuerdo al art. 110 de la Carta Orgánica Municipal y art. 7 de la ordenanza de Contabilidad Nº 338, el Concejo Deliberante es quien debe determinar por Ordenanza especial todo gasto no previsto en el presupuesto general y su fuente de financiamiento.
Por lo que confiamos en que los Sres. Concejales como representantes del pueblo que les ha encomendado su destino, sepan sancionar un presupuesto legal, justo y razonable que tienda al real desarrollo y prosperidad de nuestro Departamento Valle Viejo y al respeto por las instituciones