El chavismo declaró ilegal al parlamento
En la primera sesión ordinaria del nuevo período legislativo, las autoridades de la Asamblea (parlamento unicameral) tomaron juramento a tres diputados opositores electos suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se aprobó un proyecto para revisar la designación de 34 jueces de esa corte, hecha por el chavismo una semana antes de perder la mayoría y en un procedimiento cuestionado por sus adversarios.
“Lo que está ocurriendo hoy es una violación flagrante de la Constitución, la Asamblea entra en desacato inmediato, nosotros vamos al TSJ, vamos a introducir una denuncia de desacato contra la directiva de la Asamblea”, dijo el diputado chavista y hasta ayer presidente del parlamento, capitán Diosdado Cabello.
El número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante sostuvo que los hechos que produzca la Asamblea “carecen de validez por estar personas ocupando funciones de diputados” pese a que “estas personas no son diputados en este momento, no lo son”.
“No habrá ley que puedan publicar, van a hacer el ridículo, nadie le va a parar (prestar atención) a ninguna ley que salga de aquí”, indicó.
“Aquí hay un TSJ que funciona; lo que se puede paralizar es la Asamblea, porque a la Asamblea, creo yo, no le va a llegar ni un céntimo a partir de este momento”, agregó Cabello en declaraciones a periodistas a las puertas del edificio del parlamento, mientras sus compañeros de bancadas participaban de la sesión.
El asunto que desató la reacción del chavismo fue la decisión del nuevo presidente de la Asamblea, el socialdemócrata Henry Ramos Allup, de tomar juramento, en el comienzo de la sesión, a los tres diputados opositores suspendidos por el TSJ, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana.
El diputado chavista Pedro Carreño advirtió que sobre esos tres parlamentarios “pesa un recurso de amparo con una cautelar que deja sin efecto su investidura”, tal como “está claramente establecido en una sentencia de la Sala Electoral del TSJ”.
“La mayoría circunstancial y transitoria de la derecha pierde legitimidad de derecho con acciones como esta” y la junta directiva de la Asamblea, “que está avalando tal adefesio jurídico”, entra “en desacato”, agregó Carreño.
La semana pasada, la Sala Electoral del TSJ hizo lugar a dos recursos presentados por candidatos chavistas derrotados en los comicios del 6 de diciembre pasado y suspendió provisionalmente la asunción de los cuatro diputados electos por el estado Amazonas (Ygarza, Guarulla, Guzamana y el chavista Miguel Tadeo).
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora desconoció la resolución porque había recusado previamente a los cinco integrantes de la Sala Electoral y porque los cuatro diputados por Amazonas ya habían sido consagrados oficialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Por otra parte, la Asamblea aprobó un acuerdo para que los periodistas tengan acceso irrestricto al recinto de sesiones y a las oficinas donde deliberan las comisiones parlamentarias, derecho que había sido vedado por la mayoría chavista años atrás.
Más tarde, y siempre con los votos favorables de la mayoría opositora y el rechazo del oficialismo, se aprobó un proyecto para designar una comisión que “estudiará todos los aspectos del procedimiento constitucional y legal” del nombramiento de jueces del TSJ hecho por la mayoría chavista a fines del año pasado.
En la penúltima semana de diciembre, cuando ya había finalizado el período ordinario de sesiones, la conducción chavista de la Asamblea convocó a cuatro sesiones extraordinarias en dos días para designar -sorteando el requisito constitucional de los dos tercios durante los tres primeros debates- a 13 jueces titulares y 21 suplentes del TSJ, a los que les tomó juramento el mismo día.
El nombramiento y la inmediata asunción de los jueces fue la culminación de un polémico proceso llevado adelante por el PSUV con el objeto de asegurarse la permanencia de magistrados afines durante los próximos 12 años.
Ante el riesgo -finalmente concretado- de perder las recientes elecciones y la mayoría en el parlamento, el chavismo forzó la renuncia anticipada de un grupo de jueces cuyos mandatos vencían en 2016, con el fin de aprovechar su control de la Asamblea para nombrar a sus sucesores.
Dos de los magistrados nombrados a fines de diciembre como titulares de la Sala Electoral son Fanny Márquez -funcionaria muy cercana a Cabello- y el hasta ese momento diputado chavista Christián Zerpa.
En la sesión de hoy, que pese a todo se desarrolló con normalidad y respeto entre los legisladores, no se introdujeron los dos asuntos que Ramos Allup señaló ayer como “compromisos no transables” de la MUD: la amnistía para sus cerca de 80 dirigentes presos y el proceso “constitucional y pacífico” para destituir al presidente Nicolás Maduro.