El Congreso deberá resolver el conflicto limítrofe entre Catamarca y Salta
Al declararse incompetente, el máximo tribunal rechazó el planteo de Catamarca sobre un supuesto avance salteño en la zona que según aduce le pertenece. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que como "órgano directo y genuino de la soberanía nacional" el Congreso debe establecer los márgenes aún no fijados.
La Corte Suprema falló a favor de la postura de Salta en el conflicto limítrofe que mantiene con Catamarca por el Salar de Diablillos. El máximo tribunal de Justicia se declaró incompetente para resolver el diferendo entre ambas provincias por el territorio de la Puna en disputa. Dictaminó, a la vez, que el Congreso nacional deberá establecer los límites que aún no fueron fijados entre el departamento Los Andes y el vecino Antofagasta de la Sierra.
La resolución, publicada el martes pasado, echa por tierra la demanda que presentó el Gobierno catamarqueño ante la Corte, en diciembre de 2007, en la que acusa a Salta de avanzar ilegalmente sobre su territorio a través de concesiones mineras.
La acción de la provincia vecina se inició luego de que el Juzgado de Minas de Salta otorgara una concesión a la empresa canadiense Silver Standard Resources en el yacimiento de cerro Bayo. Ese mismo lugar había sido concesionado por Catamarca a la minera Aguas Blancas SA, que luego se convirtió en Cerro Bayo SA.
En la presentación judicial Catamarca sostenía que Salta "sin fundamento legal alguno, ha avanzado sobre el territorio catamarqueño, disponiendo de recursos naturales como si fueran propios".
Al declararse incompetente en este litigio, la Corte, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, delega a los diputados y senadores nacionales la responsabilidad de resolver la disputa limítrofe. Así lo determina el artículo 67 de la Constitución Argentina, en el que se aclara que el Poder Legislativo está facultado para arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación y fijar los de las provincias.
En el mismo sentido se había expresado la Procuración General de la Nación, en un dictamen publicado en mayo del año pasado. En el documento, el Ministerio Fiscal sostenía que "la vía elegida por Catamarca no es la idónea para resolver la controversia, porque excede las facultades de la Corte". Y agregaba que "el pleito no se refiere meramente a un conflicto interprovincial sobre dominio de tierras fronterizas, sino que se centra en una irresuelta determinación de límites que debe ser tratada por el Congreso".
La controversia por los límites territoriales, donde pujan intereses por riquezas minerales, deberá ser analizada por una comisión bicameral del Congreso Nacional.