Los argumentos con los que el Gobierno busca rebatir la denuncia de Nisman

El Gobierno presentó hoy ante la Justicia supuestas pruebas y antecedentes "jurídicamente relevantes" para rebatir la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman en la que acusa a la presidenta, Cristina Fernández, y a varios colaboradores de presunto encubrimiento a terroristas.

Según informó en un comunicado la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que en Argentina tiene a cargo la defensa del Estado, se entregó un escrito de carácter institucional ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, encabezado por el juez Daniel Rafecas, que tiene a su cargo la denuncia presentada por Nisman cuatro días antes de morir.

En su demanda, Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994, acusa a la presidenta, al canciller, Héctor Timerman, y a varios dirigentes vinculados al oficialismo, de orquestar un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado a cambio de intensificar relaciones comerciales.

La presentación de la PTN había sido anticipada ayer y "se efectivizó en el día de hoy con sus respectivos anexos documentales", según el comunicado.

Las pruebas aportadas incluyen documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del Ministerio de Economía sobre el intercambio comercial, entre otros.

Desde el Gobierno sostienen que "no existe prueba alguna ni si quiera de carácter indiciario" que fundamente las acusaciones realizadas por Nisman, en palabras del jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich.

Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich criticó que el fiscal argentino Gerardo Pollicita tenga la intención de hacerse cargo de la instrucción de la denuncia y atribuyó una posible petición de imputación a Cristina Fernández a una estrategia de "golpismo judicial activo" para desestabilizar al Gobierno.

"Los requerimientos de carácter judicial no persiguen una finalidad de carácter judicial, sino una finalidad de carácter político, para generar impacto político; no tienen ningún tipo de validez jurídica; no existe prueba indiciaria de eventual culpabilidad", agregó.

El escrito

En un comunicado de síntesis del escrito, la Procuración advirtió que se trata un texto "de carácter institucional" que aportará "los elementos de juicio y antecedentes documentales probatorios jurídicamente relevantes respecto de los hechos sobre los que versa la denuncia formulada el 14 de enero de este año" por Nisman.

La defensa del Poder Ejecutivo pretende desarticular los ejes de la imputación de Nisman. La dependencia oficial recuerda que, para el fiscal, los funcionarios “habrían negociado la baja de las notificaciones rojas de Interpol a cambio de acuerdos comerciales entre ambos países. Ese habría sido, según el denunciante, el objetivo oculto, de carácter ilícito, del Memorándum de Entendimiento firmado el 27 de enero de 2013 entre los dos Estados, y aprobado por la Ley Nº 26.843”.

Entre las pruebas que reflejarían la ausencia de delito por parte de la Casa Rosada, la presentación incluye las comunicaciones intercambiadas entre el ex Secretario General de Interpol, Ronald Noble, y la Cancillería argentina.

Los documentos “dan testimonio de que la República Argentina, a través de sus autoridades ha mantenido en todo momento –antes, durante y después de la firma del Memorándum de Entendimiento- una postura firme y consistente” en “mantener la plena vigencia de las notificaciones rojas de Interpol”, se afirma en el texto que cuenta con las firmas de la titular de la Procuración, Angelina Abbona, y los subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament.

En este sentido, el organismo recuerda que la baja de estas notificaciones solo podía efectuarse por orden del juez de la causa AMIA, el titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6, Rodolfo Canicoba Corral, y que el Poder Ejecutivo Nacional no tenía “ninguna atribución al respecto, lo que demuestra la inconsistencia de la denuncia”.

En lo que respecta a los intereses ocultos detrás del tratado internacional, la Procuración incorpora informes técnicos de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, de Planificación, y de la Afip que desmienten lo sostenido en la denuncia de Nisman, en el sentido que el Memorándum habría tenido como objetivo fortalecer las relaciones comerciales y lograr un mayor suministro de combustible iraní.

“En verdad, la República Argentina no tiene necesidad del petróleo iraní, el que por otra parte resulta técnicamente inadecuado para su tratamiento por nuestras refinerías”, menciona el comunicado como argumento. En este sentido, se afirma que el Estado Nacional “no ha comercializado, ni comercializa, con la República Islámica de Irán”, sino que son “empresas privadas las que exportan” al país de extracción islámica. El material también recuerda que el volumen del intercambio con Irán decreció de 2010, por lo que no se comprueba que haya un fortalecimiento del flujo bilateral de mercaderías.

Otro de los argumentos centrales que quedaron expresados es la desmentida de dos de las fuentes en las que se basó Nisman, los presuntos espías gubernamentales Héctor Luis Yrimia y Ramón Allan Héctor Bogado. Basándose en información que ya divulgó la Secretaría de Inteligencia, la Procuración reitera la defensa del oficialismo, en la que se advierte que ambas personas no pertenecieron al organismo de seguridad ni se encargaban de esas tareas.

Por último, la presentación advierte la "postura clara y enérgica" que los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner mantuvieron "reclamando que Irán brinde colaboración efectiva para el esclarecimiento de las responsabilidades" en el atentado como que el memorándum se "ha ajustado al ordenamiento aplicable en la materia".

"Ni del texto del memorándum ni de lo actuado por las autoridades del Gobierno en forma previa, concomitante, o posterior al acuerdo, se infiere la existencia de acuerdo alguno destinado a alcanzar un objetivo distinto" al que se expresó como fundamento del convenio, sostuvieron. En este sentido, se concluye que "no existe prueba alguna, siquiera de carácter ´indiciario´" que demuestren que la Presidente y los funcionarios del gobierno nacional incurrieron en algún tipo de delito en la firma del tratado de entendimiento con Irán.