Piden informes por una fumigación aérea sobre una escuela rural entrerriana
La justicia de Concepción del Uruguay solicitó mediante oficio al Ministerio de la Producción que informe sobre fumigación sobre la Escuela Rural Nº 44 de Santa Anita. Se espera que la medida aporte nuevos elementos para determinar si la denuncia reúne la entidad suficiente para ser elevada a juicio.
La Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Nº 4 de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay debió solicitar que el Juzgado de Garantías libre un oficio a la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia, para que informe sobre una fumigación aérea que afectó a la escuela Rural Nº 44 de Santa Anita.
La información había sido solicitada por la Fiscal en el mes de marzo a la oficina dependiente de la Secretaría de la Producción que, en su calidad de Órgano de Aplicación y Control de estas actividades. No obstante, ante la falta de respuesta, se decidió recurre al Juzgado de Garantías para que la emplace, bajo apercibimientos legales, a contestar en 15 días hábiles.
Puntualmente, el organismo deberá informar si la fumigación fue realizada “con arreglo a las normas vigentes”, si los plaguicidas utilizados están aprobados, si la maquinaria y el piloto están registrados, si la receta agronómica está bien confeccionada y si la fumigación fue notificada en tiempo y forma por la empresa aplicadora con presentación del plano del lote.
Así, la Fiscal Melisa Ríos de la Fiscalía Nº 4 de Concepción continúa una búsqueda de elementos para determinar si la denuncia que hicieron Agmer y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay por la fumigación aérea realizada sobre la Escuela Rural Nº 44 reúne la entidad suficiente para ser elevada a juicio.
Según informaron desde la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas” a través de un comunicado enviado al diario El Día de Gualeguaychú, el expediente judicial ya tiene los informes de los profesionales de Criminalística de la Policía de la provincia, del Servicio Meteorológico Nacional, del Médico Forense de Tribunales, de la Municipalidad de Santa Anita, que se suman a los presentados por la docente afectada y a los elementos retenidos en el allanamiento a la empresa Aerolitoral S.A.
“Desde nuestra campaña seguimos con atención las medidas que se disponen para este caso y le daremos la mayor y mejor difusión posible en la seguridad que las instituciones del Estado están para garantizar que todos los ciudadanos podamos vivir en un ambiente sano”, establecieron los ambientalistas.