Por aprietes a las menores, no descartan la detención de Mazzone
El ex intendente de El Bordo, Juan Rosario Mazzone, está cada vez más complicado. Una de las menores que aparece en las fotografías que derivaron en un escándalo, reveló actos intimidatorios contra su entorno familiar. El fiscal penal de General Güemes, Ramiro Ramos Osorio, podría solicitar la detención de Mazzone y los remiseros acusados.
El fiscal penal de General Güemes, Ramiro Ramos Osorio, no descarta pedir la detención del ex intendente de El Bordo, Juan Rosario Mazzone, quien está acusado del delito de corrupción de menores, luego de que trascendieran fotografías en las que aparecía semidesnudo con tres jóvenes.
Así lo confirmaron fuentes judiciales a Nuevo Diario de Salta, luego de que una de las menores perjudicadas ampliara su declaración testimonial y revelara ciertos actos intimidatorios contra su entorno familiar.
La chica sostuvo que recibió un llamado de un hombre que la citó a una reunión en la cual estarían las cinco presentes en la casa de Mazzone, en el paraje La Ramada. El interlocutor no se identificó, ni tampoco lo reconoció por la voz, sino que concluyó su mensaje con una amenaza que ponía en riesgo su vida y la de las otras menores, declaró la joven, quien fuera acompañada por su madre a la fiscalía.
Finalmente, la menor reconoció que mintió en su primera declaración a pedido de uno de los remiseros, quien habló en nombre de Mazzone y brindó otros detalles de lo sucedido en la casa de Mazzone cuando el ex intendente fue fotografiado en calzoncillos con las adolescentes.
En este marco, Ramos Osorio les hizo saber las medidas de protección dispuestas y ambas se mostraron conformes con la consigna ambulatoria y la orden de prohibición de acercamiento dictada a Mazzone y los remiseros, Manuel Santiago Amador y Elías Valdez, los otros dos imputados junto al ex intendente intervenido.
Detención en puerta
En vista de no poseer antecedentes penales, Mazzone, Valdez y Amador gozan de libertad provisoria debido a que el mínimo en la escala penal por corrupción de menores, que va de tres a diez años de prisión, permite que el acusado reciba una pena de ejecución condicional.
No obstante, a partir de lo declarado por la menor ayer, la situación de Mazzone podría verse mucho más complicada debido a las intimidaciones que las menores habrían sufrido tras el escándalo, sobre todo luego de que la fiscalía elevó a juicio la causa.
Por tanto, Ramos Osorio no descarta la posibilidad de solicitar la detención de Mazzone y los remiseros acusados, sobre quienes existen sospechas de ser los autores de los actos de intimidación expuestos por la menor.
La solicitud se enmarcaría en los artículos 102 y 291 del Código Procesal Penal que prevén medidas inhibitorias u ordenatorias, las que incluyen la detención del imputado, cuando su accionar es dirigido a generar temor o poner en riesgo la situación de los testigos.