Sentencian a IOMA a asumir el costo de una fertilización asistida para una pareja homosexual
Una mujer de Azul acudió a la Justicia para que la obra social del Estado bonaerense reviera su decisión de no solventar el tratamiento para que pueda tener un hijo junto a su concubina. Un reciente fallo avaló el pedido de la pareja y además determinó una novedosa técnica. Se trata del primer caso a nivel nacional de estas características.
- La justicia avaló un amparo presentado tiempo atrás para que una pareja azuleña pueda tener un hijo por fertilización asistida y que todo el tratamiento, que en principio le denegó, sea solventado por el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (IOMA).
En diálogo con el diario El tiempo, la Dra. María Florencia Aramburu, quien patrocinó el caso para que la pareja de mujeres que conviven hace siete años puedan formar una familia, destacó lo resuelto y detalló que ahora IOMA “tienen diez días hábiles para hacerlo”.
El juez del TOC 2 de Azul, Carlos Pagliere, dispuso que IOMA efectivice y otorgue la cobertura integral de la técnica DIV/ICSI con dador anónimo a realizarse en la clínica CEGYR, sita en calle Viamonte N° 1432 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de los medicamentos necesarios para la concreción de la mencionada técnica.
El tratamiento -valuado en una cifra que va de los 100.000 a los 120.000 pesos- se debe hacer en la mencionada clínica porteña ya que en Azul y la zona, no hay bancos de espermas.
La abogada, de 27 años, contó que la pareja de mujeres había presentado en IOMA “todo lo que les pidieron”, teniendo en cuenta que la misma obra social autorizaba este tipo de tratamiento para sus afiliados. No obstante, el instituto médico negó este derecho al argumentar que “como mi cliente era fértil, no estaban obligados a costearle el tratamiento”. “La fertilidad -aclaró- no es sólo un concepto médico. Tiene que ver con una dificultad, sea cuál sea. En este caso, ellas tienen una imposibilidad fisiológica de procrear conjuntamente”.
Asimismo, la decisión tomada por el Directorio de la obra social de la Provincia le resultó contradictoria a la abogada, teniendo en cuenta que “somos un país de matrimonio igualitario hace ya cuatro años”, además de receptarse en el Código Civil y Comercial y numerosos tratados de Derechos Humanos.
“Ese fue otro derecho vulnerado en este caso: el de la igualdad a acceder de la misma manera que una pareja heterosexual al derecho a tener un hijo y formar una familia”, enfatizó.
De todas maneras, la abogada no asoció esa denegatoria de IOMA sólo a una cuestión de género, sino también a un factor presupuestario. “Las obras sociales primero dicen no, y lo cumplen en caso de que se lo exijan judicialmente, como ocurrió en esta oportunidad”, explicó.
Un fallo inédito
Según mencionó Aramburu, es el primer caso de estas características, con dos mujeres como pareja y con el tipo de técnica sugerida para la fertilización asistida, que se resuelve de esta manera en el país.
“Han existido fallos de estudios preimplantarios para que diferentes obras sociales lo cubran. Pero puntualmente, con dos mujeres y de fertilización in vitro con DIV/ICSI, la técnica de inyección citoplasmática, en el ámbito nacional éste es el primero”.
“Para mí este fallo tiene una trascendencia bastante importante. En este caso, para ellas esa negativa a que IOMA les solventara el tratamiento por fertilización asistida hubiera significado no poder tener hijos. Por eso, implica para ambas un montón de derechos. No sólo el acceso a los avances de la ciencia o a la reproducción asistida, que es un Derecho Humano y lo dice la ley nacional. Más que nada, lo que significa es un derecho que tienen a formar su familia”.
En este sentido, el fallo alude a que en este caso se trata de una cuestión urgente, teniendo en cuenta que la mujer que quiere ser madre ya tiene 40 años. “No es lo mismo para ella ahora tener un hijo que dentro de un año. De hecho, me contó que un estudio reciente que se había hecho para medir la efectividad de los óvulos indicaba que la misma había disminuido”, remarcó Aramburu.
“Desde que las recibí, yo les dije que tenían derecho a tener un hijo”, afirmó la abogada, quien reconoció que la pareja protagonista de esta historia siempre quiso “dar a conocer el caso, fundamentalmente, para que todos sepan que se puede. Desde las familias heterosexuales hasta las mujeres solas que quieren tener un hijo. Hay derecho y la provincia tiene que cumplir, así como las obras sociales prepagas, que están obligadas por una ley nacional”