Un fiscal k liquidó la denuncia de Nisman
El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, cumplió ayer con la previsto y falló en favor de Cristina Kirchner, en un dictamen mediante el que rechazó la apelación del fiscal Germán Moldes al fallo de la Cámara Federal que había desestimado la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta por presunto encubrimiento de la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA.
La decisión de De Luca liquida de manera prácticamente definitiva la causa porque es el fiscal quien tiene la acción penal para decidir si se avanza o no con una investigación, y ante el desistimiento la Sala I de Casación, sorteada la semana pasada para intervenir en el caso, no tiene un planteo que resolver."No hubo delito alguno, consumado ni tentado", sostuvo De Luca -integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima- en su dictamen. Cumplió así con su parte en un proceso orquestado exitosamente por la Casa Rosada, que incluyó una suerte de forum shopping en el sorteo del fiscal para que la apelación de Moles recayera en De Luca.
Además, la causa no cuenta con parte querellante que pueda apelar o mantener una apelación. Por eso mismo no hay quien pueda cuestionar la decisión de De Luca presentando un recurso de queja.
La causa sólo podría reabrirse si en el futuro se presentan nuevos elementos que ameriten tomar esa decisión.
Decisión anticipada
La decisión de De Luca no fue una novedad en Tribunales y hasta el propio Moldes, había dejado traslucir que si recaía en sus manos, este iba a ser el final de la causa. De hecho Moldes se apuró a apelar para evitar el forum shopping, que igual se concretó.
De Luca dijo en su momento que estaba ofendido por los dichos de Moldes y que él solo resuelve las causas con fundamentaciones jurídicas y no por cuestiones políticas.
El fiscal fue notificado hoy de la radicación de la causa en su tribunal y contaba con tres días hábiles para decidir si mantenía la apelación o la desestimaba.
Nisman había denunciado el 14 de enero pasado -y cuatro días después fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero-, a Cristina Kirchner, al canciller Héctor Timerman, al diputado camporista Andrés Larroque, al piquetero Luis D'Elía, al jefe de Quebracho, Fernando Esteche; al ex fiscal y ex juez Héctor Yrimia, al lobbista proiraní Jorge "Yussuf" Khalil y al presunto espía Ramón Allan Bogado, por entender que intentaron encubrir a los acusados iraníes del atentado a la AMIA, mediante la firma del memorándum de entendimiento con Irán.
Para Nisman, los denunciados hicieron gestiones para que mediante el acuerdo se cayeran las alertas rojas de detención contra los iraníes y la Comisión de la Verdad que creaba el memorándum cambiara el eje de la investigación y de los acusados.
En primera instancia, el fiscal Gerardo Pollicita imputó a los acusados y abrió una causa pero el juez Daniel Rafecas -bajo permanente amenaza de juicio político- desestimó la denuncia porque consideró que no había delito, lo que fue confirmado por mayoría de 2 a 1 por la Sala I de la Cámara Federal.
Moldes apeló para que intervenga Casación pero De Luca coincidió con que no hay delito por investigar.
Los argumentos
"En esta causa, por más que se recorran todas sus hipótesis una y otra vez, de la denuncia, del requerimiento de instrucción, de la apelación y del recurso de casación, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar", sostuvo De Luca en su dictamen.
"La supuesta espuria intención de hacer cesar o dar de baja a las 'alertas rojas' de Interpol por parte del gobierno argentino y la formación de una llamada 'Comisión por la Verdad' para generar una hipótesis investigativa falsa no pueden, ni objetiva ni jurídicamente, constituir la 'ayuda' que tipifica el artículo 277, apartado 1ero., inciso a), del Código Penal, ni ningún otro delito", agregó De Luca en referencia al encubrimiento.
Así, para el fiscal, "sostener que la firma de un tratado constituye un plan criminal, es un absurdo desde el punto de vista jurídico".
De Luca explicó que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo "no pueden delinquir cuando ejercen sus competencias constitucionales" y que la firma de un memorándum internacional es una de sus potestades.
Puso como ejemplo que el Gobierno de Raúl Alfonsín impulsó la ley de obediencia debida para beneficiar a militares y que el Congreso la aprobó y ninguno de los funcionarios y legisladores fueron acusados de encubrirlos.
El fiscal también recordó que "solo jueces" pueden dar de baja ante Interpol las alertas rojas de detención y que "la 'Comisión de la Verdad' no tiene facultades jurisdiccionales, ni incidencia en la causa".
De Luca también desechó las medidas de prueba que el fiscal Pollicita había pedido para avanzar en la causa porque "son totalmente impertinentes porque su producción sólo nos conduciría al mismo punto en el que estamos hoy, a la confirmación de hipótesis no delictivas".